La Diputación de Alicante permitirá el pago fraccionado del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta en 12 meses sin intereses a las familias en situación de vulnerabilidad con el objetivo de que éstas puedan hacer frente en mejores condiciones a los tributos municipales.
La diputada y vicepresidenta de SUMA, María Gómez, ha explicado que con esta decisión “pretendemos aligerar la carga fiscal a nuestros ciudadanos en un momento en el que la crisis del coronavirus ha reducido de forma considerable los ingresos en muchos hogares”. “Con esta medida, que no conlleva recargo ni intereses, todo aquel que quiera acogerse a la misma contará con un periodo de hasta un año para ir afrontando, de manera más cómoda, el recibo del IBI”, ha explicado.
La opción de fraccionamiento para el pago de los tributos que de forma ordinaria viene ofreciendo Suma desde hace años permite el abono en plazos que oscilan entre los tres y los seis meses con el interés legal del dinero. Ahora, de manera extraordinaria, se ofrece la posibilidad de sufragar este impuesto en doce meses y, por primera vez, no se aplicarán intereses a este fraccionamiento.
Además, Suma también ha ampliado en un mes el plazo del pago del IBI, por lo que los ciudadanos tendrán hasta el 6 de noviembre para abonarlo en aquellos municipios que tienen delegada en el organismo de la Diputación de Alicante la gestión de sus tributos. “El objetivo es aliviar, en la medida de lo posible, la situación económica de las familias y facilitar, hoy más que nunca, el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, ha insistido Gómez.

El cobro del IBI se efectúa en la provincia de Alicante durante el segundo periodo voluntario establecido por Suma y estaba previsto inicialmente hasta el 6 de octubre. Esta fecha se prolonga ahora un mes.
Estas medidas se suman a las ya adoptadas en las últimas semanas por la Diputación de Alicante con el objetivo de paliar las consecuencias que la crisis sanitaria del Covid19 está teniendo en la economía, tanto de los ayuntamientos, como de las familias, los autónomos y las empresas. En este sentido, destacan los 3 millones de euros destinados a los consistorios alicantinos de menos de 30.000 habitantes para hacer frente al gasto social derivado de la pandemia, la dotación de 11,1 millones de euros en créditos a interés cero para todos los ayuntamientos de la provincia o la solicitud al Gobierno de España para que se elimine el recargo provincial del Impuesto de Actividades Económicas.
Al respecto, el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, propuso recientemente un “verano fiscal” para autónomos y empresas de la provincia con el fin de dotarles de liquidez y evitar el endeudamiento.
Asimismo, Suma suspendió el plazo de pago voluntario de los impuestos tras el decreto del estado de alarma, que afecta a las tasas de vehículos, vados y basuras correspondientes al primer periodo voluntario del año, al tiempo que quedan en suspenso los procedimientos administrativos de gestión pendientes de cumplimiento de requerimientos o trámites de audiencia y las notificaciones administrativas.