El PP de Alcoy asegura que el servicio de Intervención del Ayuntamiento de Alcoy ha puesto reparos al pago de facturas por valor de 1,2 millones de euros que el Gobierno del PSOE ha ordenado durante la primera mitad del año. El Partido Popular insta al Gobierno a sacar a concurso los contratos de los diferentes servicios para evitar la reiteración de estos pagos irregulares.

Durante el primer semestre del año la interventora municipal ha puesto reparos a facturas correspondientes a servicios prestados de forma continuada sin pasar por procedimiento de licitación, obligatorio para servicios que superen los 15.000 euros y para obras que rebasen los 40.000 euros. Así lo estipula la Ley de Contratos.

En sus informes, el departamento de Intervención advierte de que estos pagos irregulares “suponen una continuidad en la prestación de un servicio o suministro que requerirían de un procedimiento de contratación adecuado”. “A pesar de la Ley, que es muy clara al respecto, habitualmente el Gobierno del PSOE aprueba el pago de grandes sumas a proveedores de servicios que superan ampliamente las cantidades establecidas”, denuncia la concejal del Partido Popular Amalia Payá.

Solo hasta julio, el importe pagado de forma irregular este año asciende a 1.220.961,76 euros. Los conceptos son diversos, según explica Payá: desde la vigilancia del Ivam-Cada hasta el suministro eléctrico, pasando por el servicio de ayuda a domicilio o la limpieza de edificios públicos. Este último servicio permanece durante más de un año pendiente de concurso público.
El caso de la vigilancia del Ivam-Cada es especialmente significativo, ya que aparte de superar los importes máximos de la Ley de Contratos, la interventora alerta de un “fraccionamiento de objeto del contrato” al pagar a diferentes empresas por el mismo servicio. Pese a que el complejo cultural reabrió en 2018, no ha sido hasta junio de 2020 cuando el Gobierno ha sacado a concurso un contrato por 238.299 euros anuales. Hasta la fecha, el Ayuntamiento ha pagado ese servicio a dedo, sin mediar concurso público alguno.

Amalia Payá subraya las consecuencias económicas de los pagos irregulares por parte del Gobierno de Antonio Francés: “Los retrasos en la contratación impiden obtener un servicio de la mejor calidad a mejor precio”, manifiesta. La concejal pide al PSOE que explique por qué “se salta la Ley de Contratos para unos servicios y, sin embargo, la pone como excusa para suspender la programación del teatro Principal o la publicidad en los elementos del mobiliario urbano”.

La regidora reclama al Gobierno que sea “serio” y “convoque los concursos públicos para dejar de pagar de forma sistemática, continuada y permanente a empresas al margen de la Ley de Contratos”.