La situación financiera del Ayuntamiento de Alcoy es un tema que merece nuestra atención y reflexión. Según la liquidación del año 2023, el consistorio debe más de tres millones y medio de euros a sus acreedores por la prestación de bienes y servicios. Esta cifra no solo es preocupante, sino que también refleja la falta de una adecuada gestión de los recursos que repercute directamente en la economía local y en la viabilidad de muchos negocios.

De esta deuda total, más de 700.000 euros corresponden a lo que se conoce como «facturas en el cajón». Estos son gastos que no han sido presupuestados, se gastó sin tener el dinero consignado y no se pagó, lo que complica aún más la situación. Corresponden a gastos realizados por prestación de bienes y servicios recibidos por el Ayuntamiento, para los que no se ha formalizado el reconocimiento de la deuda y su correspondiente liquidación, causando retrasos en el pago a los proveedores.

Esta falta de previsión no solo es una mala gestión de los recursos públicos, sino que también pone en riesgo la continuidad de los negocios de muchos autónomos y pequeñas empresas que dependen de estos pagos para sobrevivir.

Es preocupante que, a pesar de esta situación, desde el Ayuntamiento se jacten de que el tiempo promedio de pago es de solo once días. Sin embargo, esta afirmación es engañosa. Es fundamental diferenciar entre el tiempo que transcurre desde que una factura entra en el ayuntamiento hasta que el acreedor realmente la cobra. Los once días mencionados por el gobierno municipal socialista solo abarcan el periodo desde que se reconoce la factura hasta que se confirma que se debe proceder al pago. En la práctica, los proveedores enfrentan un tiempo de espera mucho más largo, lo que puede llevar a situaciones críticas para sus negocios.

La realidad es que muchos de estos proveedores son autónomos y pequeñas empresas que no cuentan con la liquidez necesaria para soportar largos periodos de espera. La falta de pagos a tiempo puede significar la diferencia entre mantener un negocio a flote o tener que cerrar sus puertas. Esta situación no solo afecta a los proveedores, sino que también tiene un impacto negativo en la economía local, ya que menos empresas operando significa menos empleo y menos dinamismo económico en nuestra ciudad.

Es imperativo que el ayuntamiento tome medidas urgentes para abordar esta deuda y mejorar su gestión financiera. La transparencia en la gestión de los recursos públicos y el compromiso con los proveedores son esenciales para construir una relación de confianza y asegurar la sostenibilidad de nuestros negocios locales. Los ciudadanos merecen un gobierno que no solo se preocupe por las cifras, sino que también actúe con responsabilidad y empatía hacia aquellos que contribuyen al desarrollo económico de la ciudad.

En conclusión, la deuda del Ayuntamiento de Alcoy a sus acreedores es un problema que no puede ser ignorado. Es hora de que se reconozca la realidad detrás de los números y se tomen decisiones que beneficien a todos, especialmente a aquellos alcoyanos que, día a día, trabajan arduamente para mantener sus negocios y, con ello, nuestra economía local.

Amalia Payá Arsis, Concejal del Partido Popular Alcoy