A veces, parece que las decisiones administrativas se toman como si salieran directamente de una operación Matemática. Unas cifras entran en una hoja de Excel, se aplican unos criterios y, al final, se obtiene una conclusión que para algunos es objetiva y, por supuesto, incuestionable. Pero, cuando hablamos de educación, detrás de cada número hay una historia, una familia y un niño o una niña con nombre y apellidos.
Estos días, las familias del CEIP El Romeral de Alcoi estamos viviendo esa situación. Dieciocho niños y niñas han quedado provisionalmente sin plaza en el centro que sus familias eligieron como primera opción. La explicación que
recibimos es que “los números son los que son”. Pero, para quienes estamos al otro lado de la mesa, esos números tienen rostro. Entre ellos está mi hija, y perdónenme, pero no es un número.
Elegimos el CEIP El Romeral por ser un centro público cuyo proyecto educativo conocemos muy bien, en el que creemos, situado a escasos minutos andando de nuestra casa y plenamente integrado en nuestro entorno. Lo mismo ocurre con la mayoría de las familias afectadas. No se trata de una elección caprichosa.
Hemos optado por el único colegio público del barrio en el que vivimos porque consideramos que es el mejor lugar para que nuestra hija comience su etapa educativa, tan importante para nosotros y de tan poco valor para la
Administración.
El centro dispone de espacio físico y cuenta con tres aulas de Infantil de 3 años, así como del personal docente necesario. Existe capacidad para escolarizar al alumnado que ha quedado fuera. No estamos solicitando la construcción de nuevas instalaciones ni mucho menos. Estamos pidiendo que se mantenga una unidad educativa que ya existe y que permitiría responder a una demanda real de las familias. Por eso resulta tan difícil comprender la situación actual.
Lo que resulta curioso es que esta reivindicación no procede únicamente de las familias afectadas. La dirección del centro ha defendido la necesidad de mantener la tercera aula. También lo han hecho el Consejo Escolar, el Consejo
Municipal de Educación, el Ayuntamiento de Alcoi y la propia Inspección Educativa. A ello se suma el respaldo de más de mil personas que han firmado en apoyo de esta petición en apenas unos días. Cuando familias, profesionales
y colectivos coinciden en su valoración, parece lógico preguntarse por qué se mantiene una decisión que preocupa a tanta gente.
Lo que está en juego no es únicamente la escolarización de dieciocho niños y niñas. Lo que está en juego es la conciliación de sus familias y el bienestar emocional de nuestros hijos e hijas. En nuestro caso, el CEIP El Romeral no es simplemente un colegio. Forma parte de la vida cotidiana de nuestra hija. El parque situado junto al centro es su lugar habitual de juego, el espacio donde se relaciona y donde ya ha comenzado a construir sus primeras referencias y
vínculos sociales. Obligarla a escolarizarse en otro entorno supone romper de forma innecesaria esa continuidad que resulta tan importante en una etapa tan temprana de su desarrollo.
Además, conviene recordar que Alcoi cuenta con tan solo cuatro centros públicos de Infantil y Primaria distribuidos en barrios diferentes de la ciudad y nueve centros concertados. La decisión de suprimir esta unidad no implica únicamente que algunas familias no obtengan plaza en el colegio público elegido como primera opción. Significa obligar a muchas de ellas a escolarizar a sus hijos e hijas en centros públicos situados en otros barrios, alejados de su entorno habitual, o derivarlas hacia centros concertados del mismo barrio, pese a haber optado expresamente por la enseñanza pública, perjudicando la organización familiar y el equilibrio emocional de los dieciocho menores excluidos.
¿Qué sentido tiene hablar de libertad de elección de centro cuando las familias que eligen un colegio como primera opción no pueden acceder a él, no por falta de espacio, sino por una decisión administrativa?
Las familias entendemos que la Administración debe tomar decisiones complejas. Sabemos que existen limitaciones presupuestarias, criterios organizativos y necesidades de planificación. Lo que nos cuesta aceptar es que, existiendo una solución obvia, razonable, viable y respaldada por la comunidad educativa, se mantenga una situación que deja a las familias en una incertidumbre innecesaria durante semanas.
Todavía hay margen para rectificar. Todavía hay tiempo para escuchar a quienes conocen de primera mano la realidad del centro y para atender una demanda que responde al interés general y no a un privilegio particular.
Porque, al final, la cuestión es mucho más sencilla de lo que parece. Mi hija no es un número. Ninguno de los dieciocho menores lo son. Y las decisiones que afectan a su educación tampoco deberían tratarse como si lo fueran.
Madre afectada por la supresión del aula de tres años del CEIP El Romeral.
